Cuaderno de Mediación Las decisiones de Laura

Contexto

Entre 1980 y el 2000 el Perú vivió un periodo de convulsión política enorme, que por su gravedad, magnitud y características fue denominada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un conflicto armado interno. Los grupos subversivos Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) declararon la guerra al Estado peruano, iniciando una dinámica de violencia que dejó 69 mil víctimas mortales, cerca de 20 mil personas desaparecidas, alrededor de medio millón de desplazados forzados, por lo menos cinco mil casos de violencia sexual y un número no determinado de esterilizaciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.

En este escenario del conflicto, a la violencia subversiva y contrasubversiva se suman la violencia del narcotráfico y los conflictos sociales por las políticas de erradicación de cultivos de hoja de coca. La producción de pasta básica de cocaína (PBC) se puede rastrear desde 1940, producida de manera legal por familias japonesas. En la década del 50 se inicia la producción ilegal de PBC. A la par, el Estado promueve la colonización de la selva por campesinos andinos y costeños, como un método para ampliar la frontera agrícola como alternativa a la aplicación de una reforma agraria. Pero con ello, los cultivos de hoja de coca aumentan y se inicia un auge de actividades ligadas al narcotráfico desde la década del 70. A finales de esa década, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, se promulga el decreto ley 22095 o Ley de represión al Tráfico Ilícito de Drogas (1978). Se inician entonces las políticas de interdicción por parte del Estado, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, con los operativos Verde Mar I y II, y Bronco I y II (1979 – 1982) y la creación del el Proyecto para la Reducción y Erradicación de la Coca en el Alto Huallaga – CORAH. El en proceso de interdicción operan en la zona la Droug Enforcement Administration (DEA), la policía antidrogas y la Marina de Guerra. Utilizan lanzallamas y dinamita para la destrucción de cultivos y secadoras de coca. Además de afectar sus intereses, vulneran derechos fundamentales de campesinos, realizando detenciones injustificadas.

En paralelo, Sendero Luminoso, que había iniciado sus actividades de proselitismo con profesores y estudiantes de universidades y escuelas secundarias a mediados de los 70s, encuentra apoyo popular en las zonas rurales por el descontento de los campesinos ante las políticas de interdicción. Sendero Luminoso actúa adecuándose a la estructura económica del narcotráfico, y sus mandos en la zona logran mayor autonomía respecto a la directiva general del movimiento. Las acciones antisubversivas inician con la policía, con “Sinchis” de la Guardia Civil, luego ingresan el ejército, la marina y el servicio de inteligencia. A fines de los 80s se forman los primeros comités de autodefensa, y a inicios de los 90s el comando político militar crea el Frente Huallaga.

Aunque hubo gran convulsión desde 1984, el periodo considerado como el de más violencia fue entre los años 1987 y 1992. Se registran en la memoria colectiva una cantidad importante de ajusticiamientos arbitrarios por parte de todos los actores armados, Sendero Luminoso incluso asesina a los integrantes de su organización que consideraba traidores de manera cruenta y pública. Las FFAA practicaron la tortura de manera extendida, y se narra que incluso una modalidad de asesinato era arrojar a los detenidos arbitrariamente desde sus helicópteros, nombrados por la gente de la zona como “los caídos del cielo”. A partir de la caída de Abimael Guzmán (12 de setiembre de 1992), se observa un declive de la violencia en la zona, varios militantes pudieron salir de las filas de SL. Esto coincide también con emisión de la Ley de Arrepentimiento (DL Nro. 25499, mayo de 1992) que creó un ambiente de desconfianza entre los senderistas, incluso entre sus mandos. Aunque en el proceso de su aplicación se cometieron excesos, esta ley melló fuertemente la base social de la organización subversiva en la zona.

En ese proceso se da también una ofensiva militar, con dos operativos importantes: «Bolsón Cuchara» en 1992, en el que al parecer el PCP-SL tuvo la mayor pérdida de combatientes, y el operativo «Aries» (abril de 1994) que tuvo como objetivo la expulsión y exterminio de las columnas de SL y de su base social. Aunque este último operativo era descrito como exitoso por el Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga, por controlar todas las salidas existentes de la margen izquierda del río Huallaga, aparecieron denuncias de graves abusos sobre la población civil, que fueron hechas públicas por la CNDDHH, por lo que la operación es interrumpida al poco tiempo de iniciarse (mayo de 1994). La formación continua de Comités de Autodefensa a partir del 92 son también una muestra clara de la reversión en el apoyo inicial de la población al senderismo, y aunque colaboraron con la disminución de la violencia en la zona, muchos CADs fueron acusados de cometer torturas, desapariciones, robos y otros delitos. Aunque el nivel de violencia baja, aún hay acciones subversivas trascendentes durante el resto de la década de los 90s.

Este texto ha sido escrito a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Región Nor Oriental y el Narcotráfico La Estrategia de Pacificación en la Margen Izquierda del Río Huallaga Narcotráfico, Conflicto Armado Interno y corrupción.

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